Hace ahora 85 años comenzaba
su andadura la II República española, aquel noble proyecto político de
modernización y de democratización de nuestro país que pretendía abordar la
solución, de una vez por todas, de las tradicionales fracturas social,
económica y religiosa.
La República, para muchos
españoles, con sus nuevos valores de laicismo, lucha contra la injusticia
social, separación Iglesia/Estado, impulso de la educación, etc. surgía, pues,
como un intento de modernización y de democratización del país, intentando
resolver problemas que permanecían enquistados y a los que la Monarquía no
había dado una solución satisfactoria.
El régimen republicano se
mostraría, prácticamente desde el momento de su implantación, como un proyecto
político de un potencial profundo y transformador y, sobretodo, en el bienio de
Manuel Azaña, abordó sin ningún tipo de restricciones la solución a los
problemas citados, poniendo en marcha
una eficaz legislación social en el ámbito de las relaciones laborales
agrarias (Ley de Términos Municipales, de Laboreo forzoso, de autorización de
arriendos colectivos, de la jornada de 8
horas en el campo, Ley de Reforma Agraria), o planteando y desarrollando
políticas reformistas en las cuestiones electoral, religiosa, agraria,
educativa, de comunidades, etc.
Todas estas actuaciones
contaron, desde el principio, con el bloqueo y la oposición contundente de los
sectores más conservadores y recalcitrantes de la sociedad española, que, antes
de ceder en la pérdida de sus ancestrales privilegios y protagonismo, no
repararían en acudir al “tradicional golpismo”, como los sucesos de agosto de
1932 y, posteriormente, en julio de 1936.
Sin duda, uno de los proyectos
abordados y culminados por las Cortes constituyentes de 1931 fue la aprobación
de un nuevo texto constitucional, la Constitución de diciembre de 1931, de
marcado carácter progresista, que planteaba una serie de novedades tales como
un formato del legislativo unicameral, único en nuestra historia constitucional
junto a la de 1812, el sufragio universal sin distinción de sexo y aprobado
definitivamente en octubre de 1931, tras el debate protagonizado por Clara
Campoamor y Victoria Kent, el tema de la iniciativa legislativa popular y la
posibilidad de acudir al referéndum, la cuestión del control del legislativo
sobre el ejecutivo y, desde luego, por
vez primera en la Historia de nuestro constitucionalismo se abordaba la
solución al tema regional mediante el llamado “Estado Integral republicano” que,
tomando como bases de Derecho comparado determinados textos constitucionales
(fundamentalmente la alemana de Weimar), reconocía la posibilidad de acceso a
la autonomía para las regiones que lo desearan graduando las competencias que
se les transfirieren, rasgos políticos y constitucionales, algunos de ellos
que, evidentemente han tendido una enorme influencia en nuestro
constitucionalismo actual.
Por
todas estas circunstancias y muchas otras, ahora que conmemoramos el 85
aniversario de la implantación de la II República en España, hemos de valorar
la enorme contribución ética y política de la experiencia republicana en
nuestra Historia Contemporánea, no sólo como un proyecto reformador y
democrático truncado violentamente, sino como un claro antecedente del conjunto
de valores y principios que rigen nuestro actual sistema político: la justicia
social, la igualdad, el laicismo o la plurinacionalidad del Estado. Hemos de
homenajear a los hombres y mujeres que la hicieron posible y que posteriormente
la defendieron ante los golpista fascistas.
Sería
un acto de justicia histórica y de reconocimiento el hecho de que que el
próximo 14 de abril se exhiban en los edificios municipales más emblemáticos la
bandera republicana.
