El próximo 1 de julio entrará en
vigor la Reforma del Código Penal. Dicha modificación es especialmente
cuestionable en tanto se fundamenta sobre la teoría del derecho penal del
enemigo. Esta teoría se caracteriza por dejar de identificar a los ciudadanos
como sujetos de derecho para considerar
a determinados ciudadanos (personas emigrantes, precarios, activistas de los
movimientos sociales, etc.) como adversarios internos que quieren derruir el
orden preestablecido. Siguiendo esta teoría se deja de castigar conductas para
perseguir personas, previniendo delitos a través de la criminalización de lo
que consideran grupos peligrosos para la sociedad. Además, estas medias suelen ir acompañadas de una
pérdida de seguridad jurídica al utilizar leyes con términos vagos que permiten
mayor discrecionalidad y una restricción de las garantías y derechos
procesales.
El Código Penal que entrará en
vigor el próximo miércoles se caracteriza por:
- Supresión de las faltas, de esta manera las
conductas que antes considerábamos leves pasarán a castigarse como delito o
como infracción administrativa, es decir, se castigarán con penas privativas de
libertad o con mayores multas económicas.
- Revisión del sistema de penas, aprobando la prisión
permanente revisable (cadena perpetua), restringiendo el sistema de libertad
condicional y el incremento de penas en delitos continuados y mediales.
- Represión de la disidencia política y social a
través de la tipificación de conductas habituales en protestas y
manifestaciones como los cortes de carreteras o los encierros en locales o
entidades financieras.
- Mayor castigo para conductas relacionadas con la
pequeña delincuencia mientras que los delitos de cuello blanco continúan sin
abordarse.
- Un aumento de la carga de trabajo mientras que
no se aumenta la dotación presupuestaria ni el personal del sistema judicial.
- Mayor coste de la Justicia para los usuarios, se
les obliga a asumir las cargas del proceso judicial en delitos comunes como los
relacionados con accidentes de tráfico.
Desde Canviem Esplugues
consideramos que esta reforma pretende consolidar un ius puniendi represor que hasta ahora se estaba llevando a cabo de
manera camuflada. Un claro ejemplo de ello son la persecución a activistas
sociales y participantes de huelgas generales como Roger y Mercader de Sant
Andreu o Isma y Dani del sindicato estudiantil AEP, a los cuales piden más de 8
años de prisión.
El próximo 30 de junio a las 9 am
se ha organizado una concentración de apoyo en la Ciudad de la Justicia.
